Inicio Sierra GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS E IMPACTOS PSICOSOCIALES EN EL PUEBLO SARAGURO POR REPRESIÓN DURANTE MOVILIZACIONES

pei1

cvp

vdm2tangaaguita

Nuestra sugerencia

ultimos tweets

Mail22RSS22

GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS E IMPACTOS PSICOSOCIALES EN EL PUEBLO SARAGURO POR REPRESIÓN DURANTE MOVILIZACIONES PDF Imprimir
Reporteros Populares - Sierra
Escrito por Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial   
Jueves 09 de Junio de 2016 20:30

saraguros1Desde el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial hemos elaborado el “Informe Psicosocial y de vulneración de Derechos Humanos: Caso Saraguro (1)” ante las nuevas acciones de criminalización llevadas a cabo por el Estado ecuatoriano contra el Pueblo Indígena de Saraguro. Especialmente por las acciones emprendidas contra Luisa María Lozano y Amable Angamarca, defensores de sus territorios que ejercieron su legítimo derecho a la protesta social. Ambos han sido judicializados y sentenciados, por el Tribunal de Garantías Penales de Loja, a 4 años de prisión por su participación en el Paro Nacional y las Marchas indígenas que dieron inicio el pasado 2 de Agosto de 2015. Se les imputa el delito de obstaculizar el servicio público.

El Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial hemos venido denunciando, detallando y analizando (2) las estrategias represivas ejecutadas por el Estado ecuatoriano durante el Paro Nacional y las Marchas Indígenas del pasado año. Nuestro informe tuvo una amplia repercusión nacional e internacional tanto en medios como en organismos internacionales.

Este nuevo informe supone un insumo científico-técnico que analiza desde la psicología social y la teoría crítica de los derechos humanos, las violaciones a derechos humanos e impactos psicosociales a nivel individual, familiar y colectivo comunitario en el caso conocido como “Saraguro”.El informe, se centra en los casos de Luisa Lozano, Amable Angamarca y de sus familias, en el contexto de la violencia ejercida contra las comunidades del pueblo Saraguro por las manifestaciones de agosto de 2015.

 

A través del análisis minucioso de las entrevistas semiestructuradas y evaluaciones psicológicas hemos podido constatar los siguientes impactos psicosociales y violaciones de derechos humanos:

  • La detención arbitraria es en sí, una violación grave a los derechos humanos, en especial al derecho a la libertad personal. El art. 7. 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) señala que nadie puede ser encarcelado arbitrariamente. Los testimonios refieren no haber sido notificados de la detención o puesto en su conocimiento los fundamentos de la aprensión sino hasta ocho horas después del acto. Además, la detención fue llevada a cabo con métodos incompatibles al respeto de los derechos y dignidad humana.
  • El art. 5. 1 de la CADH señala que todas las personas tienen derecho tanto a la integridad física como psicológica y que toda persona privada de libertad debe ser tratada con dignidad y respeto. Sin embargo, se han registrado consecutivas violaciones a los derechos humanos, principalmente el derecho a la integridad física y psicológica al momento de la detención y durante el encierro, como son agresiones físicas, verbales y sexuales, incomunicación, negación de información, negación al acceso a la salud, entre otras agresiones sutiles que también se denuncian: chantaje, estigma social y político, amedrentamiento. Tanto para las personas detenidas y sus familias se vulneraron los derechos a la intimidad, a la honra, la imagen y el buen nombre reconocidos en el art. 11 de la CADH. Se expusieron sus rostros en medios de comunicación masiva afirmando que se trataba de un pueblo violento y sin considerar la presunción de inocencia como principio rector de todo proceso.
  • Se afectó su derecho a la inviolabilidad de sus domicilios, además, la integridad física y psicológica de las familias de los y las detenidas fue violentada durante el allanamiento en sus hogares, ya que se encerró a niños y familias enteras, se atemorizó a la población cercando todo el territorio y llenándolo de gases. Podemos decir que hubo una toma militarizada de los territorios del Pueblo Saraguro.
  • Las y los detenidos afirman que se les ha violentado también el derecho al debido proceso por la falta de comunicación oportuna con sus familiares y abogados en la primeras horas de su detención, así como por ser tratados como responsables de un delito que no cometieron – contrario a la presunción de inocencia-, lo que trasgredió su derecho a la defensa.
  • El proyecto de vida de los detenidos se detuvo. Con esto, se paralizó también la vida de sus familias, las afecciones económicas en las familias que ya estaban empobrecidas agudizan los impactos. Las relaciones familiares se han visto profundamente afectadas.
  • El estigma social y político se denuncia en todos los niveles, individual, familiar y colectivo. Desde el gobierno se ha intentado construir un imaginario del Pueblo Saraguro violento y de personas que tienen bien merecida la política represiva implementada. La violencia de género y racial es denunciada como política de Estado que parte del gobierno central y termina en la fuerza pública y medios de comunicación Estatales.
  • La construcción de privilegios: “quien está con el gobierno tendrá empleo y protección” y la presión por filiación política al partido oficial para evitar represalias judiciales. Con la construcción de privilegios, la ruptura de la unidad comunitaria, la polarización y la enemistad. La implantación de una política del miedo, de control y amedrentamiento, la intención de sentar precedentes aleccionadores que mantenga a las comunidades en silencio, que las inmovilicen.

 

 -------------------------------------

(1) “Informe Psicosocial y de vulneración de Derechos Humanos: Caso Saraguro”: https://investigacionpsicosocial.files.wordpress.com/2016/06/informe-caso-criminalizacic3b3n-saraguro.pdf

(2) “Informe sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador. 13 al 23 de agosto de 2015”: https://investigacionpsicosocial.wordpress.com/investigaciones/paro-nacional-y-marchas-indigenas/