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Hidroeléctricas: ¿privatización del agua y la energía? PDF Imprimir
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Escrito por Administrator   
Jueves 06 de Junio de 2013 15:43

“Quien detente el manejo y las decisiones relacionadas con el agua y la electricidad tendrá en sus manos un enorme poder tanto sobre la capacidad de supervivencia de los seres que orgánica e irrefutablemente dependemos del agua como dentro del sistema económico, político y socio-cultural” 

Xiomara Navas

 

 En mayo de 2005, la Dirección de Concesiones del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, reportó la existencia de 42 proyectos de 1.419 MW de capacidad instalada, con contratos, permisos o certificados de concesión.

 

En aquellos tiempos neoliberales resultaba obvio que los motivos e intereses que estaban detrás de este plan energético tenían que ver con proyectos basados en la lógica de explotación y apropiación de la naturaleza, de la fuerza laboral y de territorios comunitarios.Estos 1.419 MW incluían 532 MW de energía térmica.

 

Al tercer año de la revolución ciudadana, en 2009, el CONELEC registraba permisos y concesiones para 146 proyectos de generación de energía por un total 7.737 MW, justificados con la búsqueda aparente de una menor dependencia de los hidrocarburos. Sin embargo, hasta hoy no hay evidencias de que exista voluntad de poner distancia con el modelo petrolero, si se mira la reciente apertura de una nueva ronda de licitaciones en el centro sur de la Amazonía, la construcción en marcha de la Refinería y Petroquímica del Pacífico, y los planes de construcción de termoeléctricas que pasaron de 5 en el año 2005 a 47 en el 2009.

Por su lado, el impulso a las hidroeléctricas es de tal magnitud que hubo un salto de 19 proyectos en el año 2005 a 83 en el 2009, y más de 200 para el 2012, tomando en cuenta que la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, señala la existencia de más de 200 concesiones de agua para la generación de energía, que representan un 70% del volumen de agua concesionado para todos los fines.

Resulta obvio preguntar ¿para qué tanta energía?, cuando datos oficiales recientes dan cuenta de que el aprovechamiento de la energía generada no llega al 70% . La respuesta está en el hecho de que existe concentración de más del 50% de la energía en manos de actores económicos que son “grandes consumidores”, que además presionan para obtener tarifas muy ventajosas; mientras a nivel domiciliario se pagan tarifas altas, como se demuestra en el hecho de que, por ejemplo, en el año 2012 las familias de Dakotta (EEUU) pagaron 0,04 centavos de dólar por kw/hora, y en el Ecuador se pagó 0,11 – 0,13 centavos de dólar por kw/hora.

Esto nos lleva a plantear otra pregunta: ¿para quién la energía?. La Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Ecuador (Egranconel) que agrupa a unas 80 empresas del sector industrial y comercial, tiene entre sus socias a la industria del papel y el cartón, la de exportación de alimentos, de productos madereros, del cemento, de los plásticos, del acero para construcción, la industria textil, la industria del azúcar. Todos ellos son sectores en expansión debido a la agresiva modernización en que se encuentra el Ecuador. Para poner un ejemplo, la industria de alimentos congelados (carnes, entre otros) requiere de la existencia de energía suficiente para sostener la “cadena de frío” que acompaña a esta industria que se beneficia del actual patrón alimentario condicionado por el consumo de carnes producidas en sitios distantes. A todo esto, es necesario sumar las demandas de energía de las empresas mineras.

Esta lógica energética está siendo respondida, en buena parte, con el plan de “sembrar el país” con hidroeléctricas, según declaraciones oficiales,con el supuesto fin de aumentar la capacidad exportadora a países vecinos. A más de resultar inaceptables los impactos que estas obras generan a nivel local, desencadenando conflictos y procesos de criminalización contra quienes se movilizan en rechazo a las mismas, tampoco es creíble el argumento que la generación de energía planteada sea para el mercado regional, si se toma en cuenta que Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, están también empeñados en la construcción masiva de hidroeléctricas.

La Constitución de 2008 establece que la energía es parte de los sectores estratégicos, por lo tanto su administración, regulación, control y gestión se encuentran en manos del Estado, como medida para recuperar el control público que fue prácticamente desmantelado durante el pasado período neoliberal. Con este contexto normativo nuevo se detuvieron algunos proyectos hidroeléctricos de iniciativa privada para beneficio de empresas como Coca Cola, KFC, Anhalzer, La Fabril, Flexiplast, Plasticaucho, Pronaca, Hidalgo-Hidalgo, Adelca, y otras, que habían logrado créditos de instituciones financieras internacionales y fondos no reembolsables del Protocolo de Kyoto, bajo el supuesto de producir “energía limpia”. Para poder lograr sus objetivos estas empresas se beneficiaron con grandes caudales de agua por períodos de 50 años o más, a costa de vulnerar el derecho fundamental al agua de las comunidades y provocar daños irreversibles en los ríos.

Esta recuperación de la capacidad reguladora del Estado resultó inútil cuando en abril de 2011 el Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC- pasó a interpretar la Constitución mediante simples resoluciones, para entregar nuevamente a la empresa privada la posibilidad de constituirse en proveedora de energía al Estado.

Mientras, buena parte de la población, sometida a una campaña de seducción de mayor consumo asociado a más acceso a energía, no cuenta con suficientes elementos para identificar las bases de una energía realmente alternativa a la matriz basada en el petróleo. Mientras se mantenga la misma lógica de poner la energía al servicio de los actuales patrones de producción y de consumo, sin importar las consecuencias ambientales y sociales de generarla, no importará mucho si la fuente es petróleo, agua, viento, geotermia o las mareas. Éste es el engaño.

Ya no son los tiempos de 1897, cuando se instalaron las primeras dos turbinas en el río Malacatos en Loja. Tampoco los sueños de 1940 cuando se impulsaron numerosas mini centrales hidroeléctricas, con una potencia total de 120 MW. Lo que impera actualmente es el afán de apresar a los ríos, dominar la naturaleza y someter a las comunidades rurales para extraer petróleo, minerales, y también fuentes de energía, en nombre de convertir al país en una pieza que juegue en el tablero de una geopolítica supuestamente contrahegemónica, que por lo dicho ha terminado respondiendo a la presión por cambios normativos neoliberales y al mismo patrón de destrucción.